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Bodegas Castaño ha enviado un comunicado oficial a los medios para aclarar una situación que afecta a su imagen como marca. Es el que sigue:
«El pasado domingo se publicó en diversos medios de comunicación una noticia sobre una pareja de Elche que trató de vender 20.000 botellas de vino reserva de ‘una conocida bodega de Yecla’ que luego resultó ser no apto para el consumo. Un vecino de San Vicente del Raspeig compró 10.000 botellas y al abrir algunas de ellas, detectó que estaban en mal estado y trató de devolverlas. Su denuncia es la que ha destapado el caso en los medios de comunicación.
El seguimiento a través de la página web desde la que se ofertaba el vino llevó a la Guardia Civil a un taller de reparación y venta de vehículos, donde encontraron hasta 20.000 botellas almacena- das en cajas de 3, 6 y 12 botellas, junto a residuos de varios vehículos. La Guardia Civil de San Vi- cente investiga a un varón de 73 años y una mujer de 51, ambos españoles, como presuntos res- ponsables de un delito de estafa y un delito contra la salud pública.
Se trata de un lote etiquetado bajo el nombre de ‘Señorío de Castaño’ –no tiene nada que ver con Bodegas Castaño: hace ya 10 años que trataron de registrar esa marca con el objetivo de generar confusión, un hecho que fue denunciado por Bodegas Castaño en aquel momento.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (julio 2007) falló a favor de Bodegas Castaño, impidiendo que se volviese a comercializar vino bajo la marca ‘Señorío de Castaño’. Diez años des- pués, han vuelto a vender el mismo vino de ‘Señorío de Castaño’:
Las autoridades continúan con la investigación del caso, y han demostrado tras analizar el vino que no proviene de ninguna bodega de Yecla. Según Ramón Castaño, consejero delegado (¿direc- tor técnico?) de Bodegas Castaño, “esta empresa sigue trabajando muy duro para mantener los estándares de calidad en todos sus procesos, y colaborando con las autoridades para solucionar este incidente lo antes posible”. Los detenidos están acusados de un posible delito de estafa y de un delito contra la salud pública».
